Gasto público, fiscalización y administración de recursos económicos públicos
La transición política mexicana iniciada a partir de las elecciones federales de 1997 no contó con un correlativo ajuste total de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que ha acarreado modificaciones parciales a esta ley suprema, a efecto de normar las relaciones entre los actores de poder del sistema político, en particular las tensas relaciones Poder Legislativo-Poder Ejecutivo y las tendencias de hacer efectiva la autonomía constitucional de las entidades federativas frente al poder federal. Por ello —considerando los nuevos escenarios políticos, a fin de contar con la aprobación de las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura, fortalecer el aparato institucional de la rendición de cuentas y mejorar el encuadramiento jurídico de la administración de los recursos económicos públicos—, se llevaron a cabo reformas y adiciones a la Constitución federal, publicadas el 7 de mayo de 2008.
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