Análisis de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y de la Ley General de Víctimas: desafíos y oportunidades de un régimen en construcción
En la actualidad, ningún Estado democrático puede dejar de asumir sus responsabilidades. Algunos tratados internacionales obligan a sus Estados miembros a adoptar mecanismos internos para reparar los daños que causen a los bienes y derechos de los particulares. Desde 2002, México incorporó a su sistema jurídico la responsabilidad “objetiva y directa” como mecanismo para indemnizar a los particulares por los daños causados por la actividad administrativa irregular del Estado. Sin embargo, este esquema, surgido del párrafo segundo del artículo 113 constitucional y de su ley reglamentaria, mantiene algunas restricciones en su instrumentación que, con la adopción del nuevo paradigma en materia de derechos humanos por el Estado mexicano mediante la reforma constitucional de 2011, hacen necesario replantear su instrumentación, sobre todo, a partir de la publicación de la Ley General de Víctimas en 2013, la cual ofrece a los particulares medidas de reparación adicionales para los casos en que hayan sufrido un daño o puesta en peligro de sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a sus derechos humanos.
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