Al iniciarse el IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, ofrezco una afectuosa bienvenida a todos los participantes y saludo cordialmente a quienes nos brindan su hospitalidad mediante el sistema de conferencia remota.
De manera especial agradezco la presencia como observadores de los profesores Carlos Restrepo Piedrahita, de Colombia; Iván Escobar, de Nicaragua, y René Fortín, de El Salvador, así como a nuestros conferenciantes Juan Cano, de la Universidad de Almería; Raúl Canosa, de la Universidad Complutense, y José Antonio Portero, de la Universidad de Coruña.
La alentadora y orientadora presencia de un importante grupo de profesores de diversas universidades del país, como ponentes y comentaristas, imprime a este Congreso su carácter nacional.
Es particularmente satisfactorio constatar la nutrida asistencia de estudiantes. Su interés corresponde al que se observa en el país: entender al sistema constitucional para transformarlo.
Han transcurrido diecisiete años desde que se llevó a cabo el anterior Congreso Nacional de Derecho Constitucional. Muchos cambios se han producido en México y en el mundo, en el ámbito constitucional. Es oportuno que nos detengamos para identificar cuál es el estado del constitucionalismo y para prever las opciones que deseamos construir hacia el futuro.
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México asumió la responsabilidad de organizar este Congreso en un momento crucial para las instituciones en el país. Por eso, y luego de una amplia consulta, fueron identificados los cuatro grandes temas que serán abordados durante los próximos días: justicia, democracia, derechos y relaciones económicas.
Las propuestas de innovación que se vienen planteando en diferentes foros corresponden, en su mayoría, a esas cuatro áreas. Es tiempo de que la comunidad académica examine, discuta y proponga las bases del cambio institucional que el país demanda, teniendo presente que:
La Constitución es una decisión del pueblo soberano, y para reformarla sus representantes están obligados a deliberar de manera pública, libre, informada, responsable y constructiva.
La Constitución es un instrumento para racionalizar el ejercicio del poder (haciéndolo limitado, responsable, predecible, controlable y evaluable) no para destruirlo ni para bloquearlo.
La Constitución es la expresión de las libertades individuales y colectivas.
La Constitución es la garantía de un orden democrático que aliente la competencia en los procesos electorales y la cooperación en las actividades institucionales.
La Constitución debe ser un orden normativo supremo, estable y duradero, que resulte de grandes procesos sociales y culturales, no de la improvisación ni de circunstancias transitorias.
La Constitución asegura los espacios políticos y los procedimientos institucionales para la formulación de los planes de gobierno, pero ella misma no es un plan de gobierno.
La Constitución es consecuencia de esperanzas y es origen de cambios; es consolidación de libertades; es expresión de seguridad jurídica; es el resultado de consensos, no de imposiciones; es el producto de la inteligencia, no de la pasión; es fuente de nuevos desarrollos y no el punto donde la evolución concluye.
La Constitución es un contrato que cada generación puede ratificar o renovar. A la nuestra le ha tocado el turno de renovar. Es un derecho y es una responsabilidad. En este Congreso, que declaro formalmente inaugurado, podremos decirle a la nación las opciones que le proponemos para que construya una nueva era de libertades para todos los mexicanos.