El artículo hace un análisis de los delitos electorales en México y del desempeño de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) durante el periodo 2000 al 2012. En este lapso la institución no ha podido legitimar su ejercicio, son mínimas las sanciones que impone a los delincuentes electorales y su papel es secundario en comparación con el IFE y el TEPJF. La FEPADE carece de un marco legal adecuado, un presupuesto suficiente y no cuenta con autonomía institucional. Además el demostrar la comisión de un delito electoral es una tarea compleja, la compra, coacción y manipulación del voto son conductas que se realizan en la clandestinidad, casi no se denuncian y en muchos casos el votante acepta la oferta del partido porque obtiene un beneficio económico o en especie. Esta acción que es equiparable a una afectación directa a los derechos difusos y colectivos de los ciudadanos, genera un daño irreparable a las elecciones y es parte de la responsabilidad que tutela la FEPADE. Al final del artículo se reflexiona sobre algunas propuestas que podrían ser viables para hacer más efectiva la procuración de justicia penal electoral en México.