La reforma electoral de 2007-2008 estableció un cambio sustancial en las reglas del modelo de comunicación político electoral al prohibir la contratación de tiempos en radio y televisión. Como medida para garantizar la equidad en los procesos electorales del acceso a los medios electrónicos por parte de candidaturas y partidos polí- ticos se estableció la utilización de los tiempos de Estado, de esta manera se trató de inhibir la injerencia del poder del dinero en la democracia. Esta prohibición canceló millonarias ganancias a los concesionarios comerciales de la radio y la televisión, que de manera constante han acusado a la ley y a las autoridades electorales de violar la libertad de expresión. Con el objetivo de evaluar la pertinencia del actual modelo de comunicación política electoral para la democracia mexicana, así como determinar si la ley o las autoridades violan la libertad de expresión, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), realizó un análisis jurídico sobre las resoluciones de la autoridad en casos paradigmáticos relacionados con la libertad de expresión, así como el comportamiento de los medios y las formas de comunicación de partidos y candidatos a través de la radio y la televisión a través de un Observatorio de Medios.