La integración del funcionariado de las mesas directivas de casilla, en México, es una excelente oportunidad para observar la gobernanza en un acto público esencial (la transmisión de la legitimidad al gobierno) mediante un procedimiento que carece de mecanismos de sanción inminente. Precisamente, porque es un país en donde apenas la mitad de la población considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, y sólo una quinta parte está algo o muy satisfecha con su democracia, resulta digno de ser analizado este caso en que la autoridad electoral y la ciudadanía comparten un mismo referente ético (garantizar la realización de elecciones bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, máxima publicidad objetiva), y tienden a cumplir expectativas comunes bajo un esquema no coercitivo.