La reforma constitucional en materia político-electoral de 2014 en México significó un cambio paradigmático en el funcionamiento administrativo del sistema electoral y en la relación entre las autoridades electorales, tanto nacional como locales. La implementación de un modelo de casilla única, que permitiera a la ciudadanía votar en un mismo lugar y ante una sola mesa directiva durante la elección concurrente, puso a prueba la coordinación interinstitucional entre autoridades electorales en diferentes niveles, en el contexto de un sistema administrativo híbrido surgido de las disposiciones constitucionales. Este trabajo analiza tres procesos fundamentales de la organización electoral desde la óptica local del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, e invita a una reflexión sobre los retos superados y las áreas de oportunidad identificadas, en un sistema electoral que, por una parte, limita la autonomía de las autoridades electorales locales bajo el supuesto de lograr elecciones íntegras, y por otra, cuestiona la vigencia del pacto federal nacional.