Durante la etapa de campaña electoral las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y de los tres poderes tienen la obligación de suspender toda propaganda gubernamental, con excepción de la relativa a servicios educativos, de salud y protección civil. Para establecer con claridad las excepciones, el Instituto Nacional Electoral ha determinado las campañas que sí pueden difundirse en esa época del proceso electoral porque no vulneran los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda. Sin embargo, es obligación de los entes públicos mantener actualizada la información pública gubernamental y permitir el ejercicio del derecho de acceso a la información. En este texto se analiza la coexistencia de las reglas de suspensión de propaganda gubernamental y el derecho de acceso a la información y, principalmente, el comportamiento de los gobiernos de las entidades federativas mexicanas en ambas materias durante el proceso electoral federal 2014-2015.