En México, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla que la información relacionada con graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad debe estar al alcance de quien la solicite, y por lo tanto no puede ser reservada. El presente artículo analiza el debate interamericano en torno a la califcación de distintos hechos como graves violaciones a los derechos humanos, así como las diversas aristas jurídicas y políticas que se desprenden de este tema. A partir de lo anterior, se discuten los estándares regionales y su incorporación nacional vía control de convencionalidad a través del análisis de seis resoluciones del INAI en torno al acceso a la información pública en los casos Tlatlaya y Ayotzinapa.