El derecho a atraerse información estriba en la libertad que posee todo ciudadano para buscar información y, así, satisfacer sus necesidades y tomar decisiones, pero también conlleva la obligación por parte del Estado de instaurar sistemas mediadores que tengan esa información dispuesta y organizada. En este sentido, el diseño e implementación de un Sistema Nacional de Bibliotecas (estipulado por la Ley General de Bibliotecas de México) es una tarea pendiente, cuya concreción apoyaría al desarrollo nacional en materia informativa, pero para ello se requiere del trabajo conjunto de los legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo, los bibliotecarios y la ciudadanía. Para estructurarlo de forma conducente y sostenible, debe abandonarse el afán por ceñirse a modelos de tendencia concentrista y centralista, y explorar vías que tiendan hacia figuras jurídicas que ponderen la armonización, como la colaboración institucional o la cooperación interinstitucional.