¿Quién nos protege?^*

Publicado el 12 de agosto de 2016 Luis de la Barreda Solórzano Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, UNAM, lbarreda@unam.mx

El alcalde de San Juan Chamula, Domingo López González, colaboradores y acompañantes salen a la plaza pública a atender los reclamos de los allí reunidos —dinero para obras, recursos para artesanas— y en presencia de todos son tiroteados y asesinados. Cinco personas muertas, una docena de heridas.

El hecho es brutal, propio de un país donde el Estado de derecho se está desmoronando. Es verdad que muchos presidentes municipales han sido ejecutados en los años recientes, pero esta vez no se trató de una emboscada en la carretera o en un paraje solitario, sino en el sitio más público del pueblo mágico, sin que los homicidas hayan tratado de actuar a la sombra.

Se informa que algunos de los asesinos han sido detenidos, lo que al menos es una muestra de que las autoridades están actuando —salvo que estemos ante otra fabricación de culpables— con la diligencia que la gravedad del caso exige. Pero el crimen tiene características que lo hacen especialmente ominoso.

En palabras de Sergio Sarmiento: “La violencia es consecuencia de la inacción de un gobierno que ha perdido la brújula, que no entiende ya su función en la sociedad. La principal responsabilidad de un gobierno es proteger a los gobernados del robo y la violencia. Esta función no se cumple con facilidad, ninguna sociedad está completamente exenta del crimen; pero México es uno de los países con mayor inseguridad y peor Estado de derecho” (Reforma, 25 de julio).

Creo que no exagero si digo que en el país se ha venido gestando un ambiente social en el que se percibe vacío de autoridad y gobiernos (tanto el federal como los locales) arrinconados, temerosos de aplicar la ley ante grupos violentos.

A esa percepción ha contribuido, si no me equivoco, la mistificación de la protesta social. La protesta social en todo régimen democrático debe ser no sólo permitida, sino también protegida por las fuerzas de seguridad, pero siempre y cuando se ejerza dentro de los límites de la legalidad, sin violencia y sin atropello de los derechos de los demás.

En nuestro país se ha consentido a quienes ejercen esa protesta actos inadmisibles en un Estado de derecho: la agresión a terceros, privándolos de su libertad y vejándolos; los ataques a la policía con armas arrojadizas e incluso con armas de fuego; el bloqueo de caminos, vías ferroviarias y carreteras que ha provocado desabasto en las poblaciones y considerables perjuicios a la actividad económica; el saqueo de tiendas, y el incendio de automóviles, autobuses y oficinas públicas.

Cuando tal tipo de manifestaciones se van multiplicando, cuando se van esparciendo por cada vez más regiones del país, cuando se van viendo como parte de la normalidad cotidiana, se hace más difícil prevenirlas y castigarlas. No es lo mismo enfrentar el bloqueo de una carretera que hacer frente a decenas de bloqueos en diferentes puntos.

Es ya hora de que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, los ombudsman y las ONG que enarbolan la causa de los derechos humanos exijan —como lo ha hecho la iniciativa privada—, con el mismo vigor y énfasis con que denuncian los abusos policiacos, que el Estado cumpla con su deber de proteger los derechos de todos.

El diálogo tiene sentido cuando los dialogantes analizan un problema y buscan conjuntamente la solución más razonable, la más justa y sensata dentro de los márgenes de la ley; pero no debe ser el sustituto de la obligación de los gobernantes de cumplir y hacer cumplir el derecho.

Los gobiernos de la República parecen estar contra las cuerdas. Desde hace un decenio el crimen organizado ha puesto en entredicho su autoridad y su capacidad para imponer la legalidad y hacer valer el monopolio legal del uso de la fuerza. Ahora también son desafiados exitosamente por grupos que actúan a la luz del día.

Sólo faltaría, para completar el escenario de un mundo raro en el que los delincuentes son las víctimas, que grupos de presión exigieran la libertad de los presuntos responsables de los homicidios de San Juan Chamula con el argumento de que, dado que los delitos se cometieron al calor de la protesta social del pueblo bueno, los detenidos son presos políticos.

NOTAS:
*. Se reproduce con autorización del autor, publicado en Excélsior, el 28 de julio de 2016.

Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV