Abuso de poder y/o conflicto de interés^*

Cualquier persona debe estar consciente, en todo momento, de que un mundo nos vigila. Alrededor de nosotros siempre hay una cámara dispuesta a grabar lo que está sucediendo. Toda persona que se sabe figura pública o tiene un cargo de elección popular debería estar doblemente alerta.

Pescadores de Yucatán, indignados porque se dañaron sus embarcaciones, se asumieron como reporteros y grabaron el aterrizaje de un helicóptero en el Arrecife Alacranes, área protegida por la Semarnat. La noticia cobró relevancia porque en él viajaba, según su propio dicho, como simple pasajero, Emilio Gamboa Patrón. Los reporteros improvisados subieron el video a las redes y ahora todos sabemos que el senador iba a embarcarse con su amigo, el empresario Emilio Díaz Castellanos.

En su defensa, el senador ha aclarado que el helicóptero era alquilado y que él no pagó la renta, por tanto, no le dio la orden al piloto para que aterrizara donde lo hizo. Simplemente se dejó llevar. Es creíble que no diera orden alguna, lo que resulta impensable es que no tuviese idea de hacia dónde se dirigían y cómo iba a abordar el yate de su amigo. Para cometer abusos de poder ni siquiera se necesita dar órdenes, la “charola” está en el rostro de quien ocupa el puesto. Esto es mucho más que un error minimizado por el mea culpa de un comunicado.

Podemos suponer que si los pasajeros del helicóptero hubiesen sido personas desconocidas, ni la compañía arrendadora ni el piloto se habrían arriesgado a aterrizar en un área natural protegida. Podemos aventurar la hipótesis de que el personal de la Secretaría de Marina, encargado de resguardar el arrecife, también se habría comportado distinto con otro pasajero. Queda ahora la pregunta sobre cómo se conducirán las investigaciones de la Profepa y de la Semarnat.

El hilo revienta por lo más delgado. Es probable que los únicos sancionados sean los dueños de la compañía arrendadora y el piloto. La gran pregunta es, ¿les van a poner una multa simbólica como concesión al senador o, por el contrario, les van a imponer un castigo ejemplar?

Hay favores que no necesitan ser pedidos, si la sanción es la mínima posible, el senador sabrá que está en deuda con el procurador y el secretario. La factura quedará pendiente para ser cobrada en el momento políticamente oportuno. Así se tejen las redes de complicidades.

Por el contrario, si la autoridad actúa con severidad y pone un castigo que, dentro de los márgenes de la ley, tenga efectos disuasivos, la próxima vez que alguien rente un helicóptero, el dueño será el primer interesado en que se cumplan todas las leyes. Si el piloto pierde su licencia o va a la cárcel, nunca más alguien se atreverá a aterrizar en lugar prohibido, con independencia de quien vaya a bordo.

A pesar de haberse resistido a hacer su 3de3, a través de las aclaraciones que ha hecho Gamboa Patrón para salir del atolladero, ha iniciado una declaración de intereses involuntaria, aunque incompleta. Su amistad confesa con Díaz Castellanos debería impedirle intervenir de cualquier manera en las muchas actividades económicas por las que es reconocido el empresario.

En la península de Yucatán el empresario tiene actividades en el sector automotriz, ya que desde su padre es dueño de una concesionaria. Se desenvuelve fuertemente en el sector inmobiliario, es dueño o socio de Inmobilia Capitalli, e Inmobilia Desarrollos, entre otras. Recientemente ha desarrollado negocios en el sector petrolero, en sociedad con la compañía inglesa Mexoil y la norteamericana Northcote.

Acusan el Diario de Yucatán y el periódico Por Esto! que de tiempo atrás existe una relación de mutuo beneficio entre el empresario y el senador. Su amistad, dice este diario, le ha servido a Díaz Castellanos para ganar licitaciones e inclusive para evitar una probable inhabilitación y sanciones económicas cuando incumplió con sus compromisos en la construcción del Malecón Cancún.

Si sacamos cuentas, la transportación en helicóptero y el paseo en yate recibidos por Gamboa Patrón como “regalo” exceden lo permitido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización de la autora, publicado en Excélsior, el 6 de octubre de 2016.

Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero