Regreso al futuro^*

Publicado el 07 de Febrero de 2017 María Marván Laborde Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM @MarvanMaria

El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, firmado por el Presidente, el sector empresarial, el sector obrero y los productores del campo, nos lleva, en fondo y forma, a los viejos tiempos del PRI. En la forma, hay tres preocupaciones. La primera, la incapacidad de llegar a un acuerdo con la Coparmex. La segunda, la ausencia de la Conago y de organizaciones de la sociedad civil. La tercera, la exhibición del reloj Patek Philippe de Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM.

La Coparmex se negó a firmar el acuerdo, porque no se incluyeron algunas sugerencias importantes y porque consideró una falta de respeto que el texto se les diera a conocer dos horas antes de la ceremonia de firma. Por un lado, el Acuerdo no incluyó el compromiso de revisar 37 programas sociales duplicados; probablemente no quisieron arriesgar la simpatía de sus clientelas quitándoles prebendas en tiempos electorales. Por otro lado, tampoco se atrevieron a asumir el compromiso de limitar el gasto del gobierno en publicidad, a pesar de la profunda irritación de la sociedad causada por el impúdico gasto del gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales.

El no haber convocado al Acuerdo a los gobernadores nos trae a la memoria los viejos pactos priistas, es evidente su profundo anacronismo. Hace 30 años era irrelevante consultar a los gobernadores porque todos ellos militaban en el tricolor y obedecían a pie juntillas al Presidente en turno o eran removidos. Hoy, el Partido Revolucionario Institucional gobierna en menos de la mitad de las entidades del país y el Presidente no puede exigirle la renuncia ni a los suyos.

Es otro desfase de época el que no se hicieran acompañar de una sola de las muy activas organizaciones de la sociedad civil; en los últimos años éstas se han convertido en factor de exigencia para gobiernos y partidos políticos.

Haber dejado salir al escenario a Aceves del Olmo con su ostentoso reloj es síntoma de la falta de sensibilidad del equipo que rodea al Presidente. Hoy el Partido Revolucionario Institucional carece de legitimidad, entre otras cosas, por los históricos abusos de sus líderes sindicales, incluido Romero Deschamps. Con o sin razón, en el imaginario nacional el gasolinazo fue “necesario” por sus malos manejos en Pemex y por el privilegio (mantenido) de controlar las pipas que distribuyen la gasolina con altísimos costos.

En el fondo el Acuerdo consta de cuatro partes: Proteger la economía familiar. Fomentar las inversiones y el empleo. Preservar la estabilidad económica. Preservar la cultura de la legalidad y Estado de derecho. Como bien apuntó Ma. Amparo Casar, cuatro funciones básicas del Estado que son obligación de cualquier gobierno. Para calmar el enojo social ¿se comprometen a hacer lo que de suyo deben hacer?

Algunos de los compromisos puntuales son, por decir lo menos, curiosos. Por ejemplo, nos prometen un decreto que fomente la repatriación de capitales mantenidos en el extranjero. Pregunta: ¿Sólo se necesita un decreto? ¿No servirá el decreto para lavar dinero mal habido?

“Impulsar una plataforma de transparencia presupuestaria, incluyendo información sobre contrataciones gubernamentales”. Pregunta: ¿No es ese el propósito de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información aprobada en 2015? ¿No es esa la misión del Inai, ahora organismo constitucional autónomo?

“Garantizar un creciente superávit primario, reduciendo el endeudamiento del gobierno federal”. Pregunta: ¿No era ese el propósito del presupuesto que la Secretaría de Hacienda sometió al Congreso para 2017?

“Mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, así como vigilar y sancionar cualquier abuso en los términos de ley”. Pregunta: ¿Regresaremos a las épocas de precios controlados?

Por último dicen: “Los firmantes rechazan cualquier medio ilegal para expresar malestar y reprueban los actos de violencia, rapiña y vandalismo con la excusa de protestar y que afectan derechos de terceros” Rechazar la ilegalidad es una obviedad, comprometerse con que los actos de vandalismo no queden impunes, eso sí sería fortalecer el Estado de derecho cuya debilidad se origina en la falta de legitimidad del gobierno actual.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización de la autora, publicado en Excélsior, el 12 de enero de 2017.

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