España frente a Cataluña:¿se puede hacer algo cuando se han cruzado los límites?
Publicado el 27 de septiembre de 2017
Alfonso Guillén Vicente
Profesor-Investigador de la Universidad
Autónoma de Baja California Sur,
aguillenvic@gmail.com
Cuando sucedieron los atentados terroristas en Barcelona y Cabrills pensé que el referéndum sobre la independencia de Cataluña del 1 de octubre se había detenido o por lo menos había entrado en un largo impasse. Que todo había quedado en los abucheos al rey Felipe VI y al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la magna manifestación del 26 de agosto en repudio al terrorismo bajo la divisa: “No tengo miedo”.
Sin embargo, toda la primera mitad de septiembre de 2017 hemos visto, de uno y de otro lado de las barricadas construidas por el Partido Popular y los independentistas, incursiones que han traspasado los límites de un conflicto que, aunque la autoridad española pudiera frenar la votación en favor de la separación de Cataluña, no parece tener solución fácil ni inmediata.
Del lado de la administración central, el tono duro de Rajoy se ha visto acompañado de medidas judiciales, requisas de imprentas y medios en busca de propaganda y boletas por el “Sí”, incluso se ha llegado al control de las cuentas del “Govern” de la Comunidad Autonómica de Cataluña. Por parte de Carles Pudgemont, el presidente de la Generalitat, el lenguaje desafiante se suma a una serie de leyes que apuntan a la “desconexión”, al rompimiento de la unidad de España. Apoyado desde el Parlament por los partidos catalanes.
Iba a escribir: “la ruptura de la unidad de la nación española”; pero tiene razón Enrique Ruiz García (-a) Juan María Alponte), cuando en su texto España Hoy. Política, economía y sociedad en la transición democrática, publicado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en 1979, escribe: “cabe señalar, de una manera inequívoca, que la historia de España es la historia de las naciones españolas”. Y que “en cada una de las ocasiones que la libertad ha coincidido con la reforma del Estado español… el tema de las naciones españolas entró, abiertamente, en el escenario”. Lo que significa que estamos ante un problema muy difícil de abordar, sobre todo cuando se hace desde posiciones irreconciliables.
Me llama la atención que en la coalición de partidos y organizaciones que se pronuncian por el rompimiento estén tanto de izquierdas como de derechas. Hablamos de la formación política Junts pel Sí, proveniente del partido conservador catalanista Convergencia i Unió, que gobernó Cataluña entre 1980 y 2003, y volvió al poder en 2010.1 Y también del llamado CUP (Candidatura de la Unidad Popular), “un partido antisistema, radical y que predica la desobediencia civil”.2
La explicación puede tenerla Ruiz García en el texto ya citado, cuando habla de la coincidencia entre el empresariado y la clase trabajadora catalana desde hace muchos años. “Entre los pueblos españoles —apunta el que fue profesor de la Universidad Nacional hace más de cuarenta años— sólo la alianza histórica entre la burguesía y el proletariado catalán determinó un nivel de racionalidad que estaba fundado en la posibilidad objetiva. El proletariado catalán ha retrasado, en la primera fase, las contradicciones de clase para elegir, como prioridad, las libertades fundamentales no sólo de carácter democrático burgués, sino aquellas libertades que se explicitan en la autonomía nacional”.3
Frente al desafío independentista, expresado claramente en la llamada Llei de Transitorietat i Fundacional de la República, presentada en el Parlament de Cataluña, a principios de septiembre, donde podemos leer, en el Preámbulo, “la reiteración de la voluntad de Catalunya, ahora ya en calidad de Estado soberano e independiente, de vehicular la secesión de una manera negociada y pactada con las instituciones españolas, europeas e internacionales”,4 se han propuesto varias salidas desde los partidos españoles.
El Partido Popular, de Mariano Rajoy, está por la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que señala que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere con las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. (www.congreso.es).
En ese mismo sentido está la formación política Ciudadanos. Desde las izquierdas ibéricas, el líder de Podemos, ha propuesto, con el apoyo de varias organizaciones catalanas, “la creación de una asamblea estatal extraordinaria de parlamentarios y alcaldes, que reivindique el diálogo, la convivencia y la libertad de expresión”.5
Los socialistas del PSOE, en voz del primer secretario del Partido Socialista de Catalunya, Miguel Iceta, insisten en que el debate sobre la cuestión catalana es mejor hacerlo en el Congreso de España, porque “en España costó mucho recuperar la democracia” y “hay que usar las instituciones democráticas”.6 Y su salida es una reforma de la Constitución que traiga otra vez el asunto del Federalismo, un tema que Enrique Ruiz García abordó hace casi cuarenta años cuando recordó que “la proclamación… de la Primera República española, el 11 de febrero de 1873, fue acompañada, el once de junio de aquel año, por la proclamación de la República Federal y los levantamientos de las comunidades históricas diferenciadas.”7
Y después del primero de octubre, surgen las preguntas: ¿Puede construirse un esquema federalista en el siglo XXI con la asimetría que existe entre las Comunidades Autónomas españolas?, ¿qué van a decir los vascos, los valencianos y los gallegos?, ¿quiénes van a pagar los costos financieros de recomponer todo el aparato estatal español en un esquema federalista?
Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez