Los tribunales deben abrir: hacia una nueva justicia¹

Publicado el 24 de abril de 2020


Miguel Carbonell Sánchez
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
carbonell@unam.mx
https://www.centrocarbonell.mx/

Durante las semanas en las que la mayor parte de los tribunales de justicia permanecieron cerrados, nos dimos cuenta de lo valiosa que es su tarea y lo importante que resulta, para millones de personas, el poder acudir a una instancia que les permita resolver de la mejor forma posible sus problemas y disputas.

Una vez que las cosas vayan volviendo poco a poco a la normalidad, deberíamos sacar varios aprendizajes en materia de impartición de justicia. No solo porque se trata de un tema esencial, sino porque es un área del Estado mexicano en la que tenemos demasiadas cosas por mejorar. Hay que decirlo con todas sus letras: la justicia mexicana necesita con urgencia ser modernizada y puesta al día. No es momento de repartir culpas ni de señalar responsables; siendo muy honestos tenemos que reconocer que, en realidad, todos hemos descuidado ese sector esencial para el desarrollo del país. Pero de la misma manera debemos ser claros en reconocer la importancia que para los países tiene un buen sistema de justicia. Nadie duda de que si no tenemos un aparato de justicia moderno, ágil y funcional, va a ser imposible que México salga adelante.

El abogado inglés Richard Susskind, que lleva décadas analizando el desarrollo de la profesión jurídica, se pregunta en su más reciente libro si la impartición de justicia es un servicio o es un lugar físico (“Online courts and the future of justice”, Oxford University Press, 2019). Es decir, si lo que la gente busca en los juzgados es acudir a un sitio para reunirse con otras personas y desahogar trámites, o si lo que quiere en realidad es que le resuelvan sus problemas. Si lo que se busca es lo segundo, como es evidente, entonces deberíamos diseñar un sistema de justicia que permita atender de manera rápida, eficiente y a bajo costo a las personas.

La solución no consiste solamente, como a veces se suele afirmar de manera muy simplista, en inyectarle más dinero a los poderes judiciales, en construir más salas de audiencia o en incrementar el número de juzgados. Aunque algunas de esas medidas pueden ser necesarias, la solución de fondo debe buscarse a través del uso de la tecnología.

Debemos comenzar a poner en práctica, sin demora alguna, los juicios en línea y las soluciones basadas en los recursos que nos proporcionan los avances tecnológicos. Es probable que en los próximos meses o incluso años, debamos mantener en alguna proporción las medidas de distanciamiento social para evitar un rebrote de las infecciones por el coronavirus. En ese contexto, no será posible seguir impartiendo justicia en lugares abarrotados de gente, en los que es imposible mantener un distanciamiento mínimo con las demás personas. Basta darse una vuelta por cualquier junta de conciliación y arbitraje, o por los juzgados familiares de muchas entidades federativas para ver la enorme acumulación de personas que se produce cotidianamente en su interior. Esa forma de trabajo no es sostenible en el corto plazo. La debemos dejar atrás lo antes posible.

La alternativa en lo inmediato no es si los tribunales deben permanecer o no cerrados. Deben abrir. Y lo deben hacer de inmediato. Pero no de una forma en la que todos se pongan en riesgo. Se debe trabajar de una forma inteligente y planeada. La Suprema Corte a partir del 20 de abril de 2020 empezó a sesionar de manera remota, con sus integrantes sentados en sus domicilios particulares, discutiendo y votando sobre los asuntos de su competencia. Lo mismo debe aplicarse en todos los tribunales del país, los cuales para empezar deben resolver enseguida todos aquellos asuntos que ya estaban listos para dictar sentencia. Eso aseguraría que, en el corto plazo, se abatiera en alguna medida el enorme rezago que arrastran varios órganos judiciales. Luego, deben implementar un plan emergente para resolver todas las solicitudes urgentes y darles trámite de manera remota.

No hay razón alguna para que en el ámbito de la justicia no se puedan utilizar aplicaciones digitales, mensajes de WhatsApp, videollamadas, chats en vivo, etcétera. Durante la pandemia más de 200 millones de personas comenzaron a mantener comunicación a través de la plataforma Zoom: ¿porqué no utilizarla para desahogar diligencias judiciales de manera telemática, de forma que puedan avanzar con mayor rapidez los juicios?

Imaginemos lo veloces que serían las notificaciones realizadas por WhatsApp o el tiempo que nos podríamos ahorrar si no tuviéramos que desplazarnos hasta el juzgado para desahogar una audiencia. Todo eso es posible hoy en día, ya que la tecnología lo permite y se usa en muchos ámbitos sociales. Hace falta que los abogados nos demos cuenta de lo mucho que podemos mejorar en el desempeño de nuestro trabajo.

Las mismas aplicaciones tecnológicas deben ser utilizadas para desahogar procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, tanto ante los órganos autónomos como en las dependencias de la administración pública, a nivel federal y local. No tiene sentido que los interesados tengan que seguir acudiendo a oficinas municipales, estatales o federales, a fiscalías o procuradurías, cuando mucho de lo que hacen se puede llevar a cabo perfectamente de manera remota.

Esta crisis es una oportunidad para mejorar la justicia mexicana. No podemos desperdiciarla.

NOTAS:
1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en El Universal, el 21 de abril de 2020.

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Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero