La función del Senado frente a la “nueva normalidad”

Publicado el 17 de junio de 2020

Jesika Alejandra Velázquez Torres
Estudiante de la maestría en Derecho, UNAM
jesikavelazquez.ius@gmail.com

A finales de 2019 comenzó a tenerse conocimiento a nivel global respecto del brote del coronavirus surgido en Wuhan, China, por lo cual fue necesario tener información respecto de la crisis sanitaria, sus efectos, propagación, medidas necesarias para proteger la salud, los síntomas, atención médica, el aislamiento, la cuarentena y el distanciamiento físico-social.

Al mes de junio, el resultado a nivel global reportado por la Organización Mundial de la Salud es de más de 7 millones de casos confirmados y cerca de medio millón de personas fallecidas.

Cabe mencionar que el impacto —referido por la CEPAL— en América Latina y el Caribe es de los más adversos por ser una de las regiones con más desigualdad en el mundo —menor crecimiento económico, pobreza, desempleo, violencia contra la mujer, deficiencia en el acceso a servicios básicos, etcétera—.

A mediados de febrero del año en curso, las autoridades sanitarias mexicanas anunciaron los primeros casos de COVID-19 en el país. Un mes más tarde, la Secretaría de Salud emprendió la campaña a la población mexicana “Quédate en casa” y “Jornada de sana distancia” con el propósito de conservar la salud a través del aislamiento social y evitar la propagación del virus.

Sin embargo, durante los meses transcurridos de marzo a junio se ha tenido un incremento considerable de casos confirmados por el COVID-19 a pesar de las medidas implementadas por las autoridades mexicanas; al mes de junio se han confirmado cerca de 140,000 casos por coronavirus, de los cuales se han recuperado cerca de 100,000 y se han reportado más de 16,000 defunciones, lo cual permite advertir que el índice de mortalidad en México por la pandemia representa el 11% en términos numéricos.

Asimismo, resulta importante destacar que en estos últimos meses se ha desatado y potenciado una oleada de temas relevantes en el país, de los cuales resulta necesaria su debida atención de modo estructurado, prioritario y sistematizado del Estado mexicano con las entidades federativas y sus autoridades estatales, pues el reto administrativo, en coordinación con los diferentes poderes que lo integran (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos constitucionales autónomos) será clave para mitigar los efectos económicos y sociales derivados de la crisis sanitaria.

A partir del 1º de junio retornaron diversas actividades a nivel nacional a la luz de la “nueva normalidad” —término new order que ha sido empleado en otras partes del mundo frente al regreso a las actividades ordinarias de la vida humana, posteriores a la pandemia originada por el COVID-19—, regreso que ha sido planteado bajo la protección a los derechos humanos (DESCA incluidos), privilegio a la salud y a la vida humana, la existencia de la solidaridad y no discriminación, economía y eficiencia productiva, responsabilidad compartida entre el sector público, privado y la sociedad mexicana.

La “nueva normalidad” o realidad deberá atender al tipo de actividad, nivel de riesgo epidemiológico (máximo, alto, intermedio y cotidiano), centro de trabajo y características internas del caso en concreto.

Cabe señalar que actualmente el Estado mexicano se encuentra en “semáforo rojo” —con tintes naranjas—, lo que significa que todas las entidades federativas están en su nivel máximo de riesgo epidemiológico, por lo cual únicamente se han retomado actividades esenciales (salud, seguridad y protección pública, sector económico y servicios indispensables).

Además, se prescribe la implementación de medidas que promuevan la protección a la salud —tal como el uso de mascarillas médicas—, distanciamiento social, prevención de contagios en los centros de trabajo o lugares concurridos, uso de equipo para protección personal, supervisión del uso de medidas higiénicas, vigilancia y alertas respecto a las medidas de seguridad sanitarias en el entorno laboral, entre otros.

De igual forma, a nivel nacional se debe atender a los diferentes sectores productivos y estructuras sociales; objetivos que corresponderán a las necesidades generales de la población mexicana, tales como salud, seguridad y educación pública, estabilidad socioeconómica, administración pública en cada entidad federativa, materialización de políticas públicas adecuadas, desafíos laborales y de desempleo, mitigar el impacto en los hogares, apoyo gubernamental al sector público y privado, transparencia (acceso a la información pública), anticorrupción en todos los niveles de gobierno, agenda internacional y tratados internacionales —asuntos migratorios—, y demás tópicos.

Motivos por los cuales la labor del Senado de la República resulta necesaria para la atención y vigilancia de temas prioritarios que aquejan a la colectividad, así como de la verificación del desempeño eficaz y eficiente de los funcionarios públicos designados, que forman parte de los diversos poderes del Estado y de sus respectivas acciones para atemperar el impacto pandémico de frente a la “nueva normalidad”.

Del mismo modo, explorar la actuación empática, propositiva y conciliadora de cada entidad federativa que, si bien son entidades soberanas, forman parte de la República —pacto federal— y del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social; ello con la intención de dar cumplimiento al mandato constitucional, dar seguimiento a los fines del Estado mexicano y las necesidades nacionales; además del promover iniciativas de ley —estratégicas, transversales, no omisas y no regresivas— que representen a la sociedad sin dejar de atender a las minorías, grupos vulnerables, a la organización civil y el activismo social.

También, asegurar la existencia de pesos y contrapesos; que el pluralismo y la diversidad política sea atendida bajo una óptica de gobernabilidad ética y ordenada; que las posturas de oposición y polarización social sean atendidas mediante el diálogo prudente y comunicación sólida, resaltando la importancia del lenguaje incluyente, empático y consciente.

Generar cohesión social integradora y fomentar el sentido de pertenencia a través de la seguridad pública, educación de calidad, empleo formal y salud universal legitimados a través del bienestar y el crecimiento nacional —medibles en el PIB—.

Es por ello que el papel del Senado de la República resultará clave para la atención y seguimiento a las comisiones permanentes, ordinarias y especiales —establecidas en la Ley Orgánica del Congreso—, tales como las de Gobernación, Puntos Constitucionales, Justicia, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Educación Pública, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Comunicaciones, así como de la importancia de una agenda legislativa asertiva y sustantiva, pues mientras perdure la incertidumbre respecto al COVID-19 y la diversidad de información titubeante sobre la posibilidad de ser considerada enfermedad endémica, la inexistencia de una vacuna contra el virus, posibles rebrotes epidémicos y diversos escenarios adversos —previstos por el Fondo Monetario Internacional—, el trabajo en conjunto y solidario será clave para atemperar las dificultades en el Estado y la realidad de la sociedad mexicana frente a una crisis sanitaria global.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero