A un siglo del asesinato del presidente Carranza: su secretario de Gobernación
solicita el amparo de la justicia de la unión para combatir la persecución política en su contra¹

Publicado el 6 de agosto de 2020

Alfonso Guillén Vicente
Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)
aguillenvic@gmail.com

Don Manuel Aguirre Berlanga, el encargado de la política interior del país, era el más cercano colaborador de don Venustiano Carranza como presidente de la República. Su paisano fue diputado constituyente, gobernador de Coahuila y, en sus años mozos, compañero del líder maderista Pedro Antonio de los Santos y del granpoeta Ramón López Velarde en el Partido Antirreeleccionista Potosino. Acompañó hasta el final al presidente Carranza en su inusitada decisión de “evacuar esta capital por las exigencias militares, para establecer el gobierno gederal donde las circunstancias del país lo permitieran” (La Suprema Corte de Justicia de la Nación durante los años constitucionalistas, t. II, a cargo de Lucio Cabrera Acevedo, Poder Judicial de la Federación, 1995, p. 372), hasta su fatal desenlace en Tlaxcalantongo, Puebla, en mayo de 1920.

Los hechos que se presentan en uno de los valiosos tomos editados por el Poder Judicial de la Federación sobre la historia del tribunal constitucional de México, acontecidos hace cien años, alimentaron al genial escritor Fernando Benítez en su novela magistral El rey viejo. La historia del anciano gobernante se encaminó al precipicio político cuando escogió al ingeniero Ignacio Bonillas para sucederlo en la silla presidencial, en lugar de cederle el lugar al caudillo, al general invicto Álvaro Obregón Salido.

Cuando el ejército tomó inevitable partido en la rebelión de Agua Prieta del 23 de abril de 1920, el señor Carranza se encaminó hacia Veracruz, el lugar donde siempre se sintió seguro, y por ello ordenó a todo el aparato administrativo trepar a los trenes. Pero no iba solo. En el cambio temporal de residencia del Ejecutivo acompañaron al presidente Venustiano: “la mayor parte de los magistrados de la Suprema Corte… la mayoría de los miembros de la Comisión Permanente, algunos diputados, senadores y otros funcionarios” (ibidem, p. 374).

En la acusación que el procurador General de la República del presidente constitucional sustituto, Adolfo de la Huerta, formuló contra el señor Aguirre Berlanga, en su calidad de cercano colaborador de Venustiano Carranza, se hace constar que “por acuerdo del presidente de la República ordenó que se sacaran unas máquinas de escribir, tres o cuatro, un poco de papel oficio, una colección del Diario Oficial y otra de las leyes más usuales para el servicio de la Secretaría de Gobernación”, y que la mañana del día 7 de mayo (1920), en la estación Colonias, le informó el oficial mayor que dichos objetos habían sido embarcados en un tren que se llamaba “Tren de Secretarías de Estado” que estaba en la estación de Buena Vista… que el expresado tren fue capturado ese mismo día por las fuerzas enemigas que tomaron la Ciudad de México” (idem).

Ese día, el secretario de Gobernación, Aguirre Berlanga, acompañó al primer mandatario en su viaje ferroviario, el cual —según la documentación publicada por el Poder Judicial federal— “hizo crisis desfavorable al Ejecutivo de la nación, en Aljibes, Puebla, obligándolos a abandonar los trenes… y a guarecerse en la serranía… procurando sostener la autoridad de que estaba investido”.

Luego del fallecimiento del presidente Carranza, don Manuel quiso acompañar el cuerpo de su superior hasta la fosa, “pero al llegar a San Cristóbal Ecatepec, un piquete de soldados, en la madrugada del 21 de mayo, los condujo a la Penitenciaría en calidad de detenidos, y el 25 fueron trasladados a la prisión militar de Santiago Tlaltelolco, sin ninguna formalidad procesal”, como reza la demanda planteada al Juez 2º de Distrito Supernumerario.

A principios de junio de 1920, la autoridad federal consignó al señor Aguirre Berlanga ante el juzgado tercero supernumerario de Distrito. Al acusado se le abrieron tres procesos por hechos relacionados con el desempeño de su encargo, a pesar de que alegó tener fuero constitucional vigente. Se le imputó haber ordenado que se empacaran artículos de oficina destinados al lugar donde despacharía el presidente Carranza, y se calificó de peculado el “haber ordenado, según acuerdo presidencial, ministraciones de sueldos a los empleados y pago de gastos… con cargo a las partidas respectivas del presupuesto federal”.

Para fincarle responsabilidades, la autoridad se apoyó en la tesis “que reputa anticonstitucional la traslación del Ejecutivo de la Ciudad de México, resolviendo que carecen de legalidad todos los actos de esa traslación, haciendo directamente responsables de ella a los que la ordenaron, ejecutaron, autorizaron o consintieron” (p. 379 del t. II: La Suprema Corte de Justicia en los años constitucionalistas, 1917-1920).

NOTAS:
1 Con la colaboración de Rosa Cecilia Alonso y Amnerís Cárdenas Osorio, de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, en la impartición de la asignatura “Historia de México”, en la UABCS.

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