Democracia y covid-19: la función del OPLE ante la pandemia
Publicado el 15 de abril de 2021
Héctor Joaquín Bolio Ortiz
Licenciado en Derecho, maestro en Trabajo Social por la UNAM, maestro en
Desarrollo Regional Tecnológico Nacional y doctor en Ciencias Sociales por la
UADY. Miembro del SPEN, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de
la 05 Junta Distrital Ejecutiva del INE, Chihuahua
hector.bolio@ine.mx
Juan Pablo Bolio Ortiz
Licenciado en Derecho por la UADY, maestro y doctor en Historia por el CIESAS.
Miembro del SPEN y vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 09
Junta Distrital Ejecutiva del INE, Chihuahua
Derecho del Posgrado en Derecho de la UNAM
juan.bolio@ine.mx
El objetivo del presente ensayo consiste en dilucidar una serie de problemas derivados de una situación sanitaria de emergencia, a raíz de la pandemia covid-19, que va de la mano con el desarrollo de las elecciones locales en Yucatán durante el año 2021. Por lo tanto, es menester comprender el papel de los actores sociales y políticos, tales como: autoridades electorales federales y locales, tribunales locales, organizaciones de la sociedad civil y la propia ciudadanía en aras de construir estrategias que permitan el ejercicio de derechos políticos electorales, sin poner en riesgo derechos humanos de primera generación, como el del acceso a la salud.
Paralelamente, el problema planteado incluye retos y riesgos, los primeros tienen estrecha vinculación con la salvaguarda de los derechos humanos a la salud, de los habitantes de la entidad federativa, y la aplicación efectiva de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, lo que obliga a las autoridades electorales a adoptar una perspectiva integral de derechos conforme con principios doctrinales como el pro persona, establecido en el numeral 1o. de nuestro máximo ordenamiento legal. En esta tesitura, para poder proteger de manera integral los derechos mencionados, es menester considerar una serie de riesgos que tienen que ver con una creciente desconfianza que existe en México por las instituciones, de las que no quedan al margen las electorales, las desigualdades sociales y la debilidad en la cultura democrática en cuanto al conocimiento de derechos y la forma en que se pueden hacer efectivos.
Dicho lo anterior, recreo dos escenarios que subyacen en la oportunidad de lograr el cumplimiento efectivo de los derechos humanos a partir de principios constitucionales, consagrados en el numeral 1o. de nuestra Constitución política. En este sentido, el proteger el derecho humano a la salud de la ciudadanía implicaría la suspensión de la jornada electoral, lo que para algunos actores pudiera considerarse una vulneración a los derechos políticos electorales, como el derecho al voto, por lo que pudiera haber una crítica al Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado, en torno a que no cumple con los fines constitucionales vinculados con la construcción y fortalecimiento de la democracia y la promoción al voto.
La situación anterior abre la oportunidad al OPLE de poder construir un acuerdo dando voz a diferentes sectores de la sociedad, como la academia, organizaciones de la sociedad civil, grupos vulnerables y, en general, toda la ciudadanía, donde se discuta la importancia de construir una política pública desde un enfoque de gobernanza; es decir, que construyan saberes y percepciones de la importancia del respeto de los derechos humanos. En los que se tracen, de manera central, los principios básicos de los derechos humanos desde una perspectiva amplia e integral, donde se establezca la protección más amplia de los derechos de las personas en concomitancia y articulación con las autoridades sanitarias. La propuesta tiene sus bases en el diseño de un protocolo de medidas sanitarias conforme con lo establecidos por las autoridades en materia de salud, y entrelazado con el sentir de diferentes actores sociales y políticos, adoptando un enfoque holístico que responda a las especificidades de cada sector de la sociedad, en el entendido que uno de los grandes problemas que aqueja nuestra democracia pasa por el plano social, de desigualdades e inequidad en oportunidades. Protocolo que, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral ha implementado de manera eficiente en el desarrollo de la jornada electoral. Por lo tanto, el protocolo sanitario en el ámbito estatal debe garantizar la protección integral de los derechos humanos de la ciudadanía, ponderando la salud como uno de los derechos básicos para el posterior ejercicio de otros derechos, como los políticos electorales, a partir de una óptica de progresividad, interdependencia e indivisibilidad.
La propuesta de análisis va en el sentido de construir una política pública (protocolo), que asuma el OPLE el problema por sus causas no por las consecuencias de una problemática como el covid-19, desde una metodología participativa (gobernanza) que invite a reflexionar en torno al ejercicio de lo público, que subordine la democracia a lo público. Para lograr lo anterior, se requiere de un análisis causal de un problema vinculado a la construcción de la democracia, donde justamente se observe como una oportunidad para poder articular una política pública donde se incluyan voces de especialistas y de diferentes actores de la sociedad civil en aras de la protección efectiva de los derechos humanos, tanto de la salud como los políticos electorales, con matices de una “nueva gestión pública” que, en palabras de Aguilar, 1 implica una forma de hacer gobierno desde diferentes espacios sociales y respondiendo a la diversidad de especificidades sociales.
Para finalizar, hago las siguientes consideraciones en torno a la problemática planteada: una primera, subyace en la importancia del papel de las instituciones para diseñar una política que responda a las necesidades sociales de una población heterogénea como la yucateca, marcada por una profunda desigualdad social. Para ello, es menester repensar lo público desde la acepción de lo común, la participación ciudadana, el espacio y la gobernanza. Otra consideración tiene que ver con la importancia de emprender acciones para lograr el acceso de derechos humanos, pues la noción instaurada desde el año 2011 en nuestro texto constitucional no implica un cumplimiento per se, puesto que, justamente, el reto que tienen las instituciones tiene que ver con pensar en cómo hacerlos efectivos, lo cual únicamente es posible mediante construcción y diseño de políticas públicas que fortalezcan los principios en los que se sustenta un Estado de derecho democrático, como la transparencia, la certeza y la legalidad. Por último, considero de gran importancia articular políticas públicas que tengan como finalidad la transformación social, principalmente de los grupos más vulnerables, como mujeres y poblaciones indígenas. Lo anterior será posible en la medida que se empoderen las poblaciones vulnerables respecto del ejercicio de sus derechos; se podrá lograr mediante la deconstrucción de políticas públicas participativas que recuperen esos saberes, tradiciones y costumbres (habitus), donde justamente emergen demandas, pensamientos y nuevas formas de hacer democracia.
NOTAS:
1 Aguilar, “El aporte de la política pública y de la nueva gestión pública a la gobernanza”, Revista del CLAD Reforma y Democracia, Venezuela, núm. 39, octubre de 2007, pp. 5-32.
Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero