Deuda interna, deuda eterna^*

Publicado el 26 de septiembre de 2011 Ernesto Villanueva, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

La sociedad no tiene en su radar el tema de la deuda interna - como muchos otros más por circunstancias ajenas al interés público-, que en estos días ha salido al debate mediático por asuntos de coyuntura política, tras conocerse los datos inciertos que el gobierno de Coahuila había manifestado sobre el monto de su deuda interna. De esta experiencia concreta deberían extraerse reglas de alcance general. Entre otras, al menos, deberían adoptarse las siguientes.

Primera. Hasta hoy nadie sabe – o muy pocos que para el caso es lo mismo- qué ventajas puntuales se han tenido a lo largo de la historia con la contratación de deuda, tanto externa como interna. Nadie pondría en duda que existen casos que justifican con creces que se contrate deuda. Lo que es inadmisible es que esas razones no sean del dominio público ni pasen una regla de racionalidad económica y de pertinencia social. De esta suerte, deben adoptarse medidas legislativas en las que se establezca que para la contratación de deuda se informe cuánto se va a solicitar, por qué y cuáles son los destinatarios potenciales. De igual modo, que haya un criterio de razonabilidad de que la contratación de deuda es la única y/o la mejor opción para enfrentar un problema colectivo acuciante. Por desgracia, como el polític@ mexicano no tiene honor que guardar porque no le genera ningún disuasivo carecer de él para su carrera, es necesario por ello adoptar medidas que le encarezcan el costo de conducirse al margen de la ley y de la ética. Las personas de Estado guían al rebaño, en México nuestra clase política trasquila a las ovejas.

Segunda. Otro rubro que debe hacerse público es cómo, es decir, bajo qué condiciones se va a contratar deuda con una institución financiera. ¿Se tienen las mejoras tasas de interés desde la perspectiva de la sociedad? ¿Se han valorado todas las opciones y la que se va a contratar es racionalmente la que ofrece las mejores condiciones al Estado? ¿Existen los documentos probatorios que demuestren la exhaustividad de la búsqueda y aquellos otros que definan la idoneidad de la opción seleccionada? Lo anterior no es sólo por una cuestión de principios, sino por cuidar el dinero de la comunidad. En Oaxaca, por ejemplo, en el sexenio anterior se firmaron varios instrumentos financieros con instituciones bancarias donde se establecían tasas por arriba del promedio del mercado. En este caso no sólo había certezas de la impertinencia del financiamiento privado sino también de que en el pago transexenal de capital y de intereses había un porcentaje destinado a ex funcionarios del gobierno del Estado. Un ejemplo: ¿Sabe usted cuántas autopistas concesionadas han terminado su concesión y ahora son propiedad pública sin tener que pagar peaje? Efectivamente, ninguna.

Tercera. Se debe establecer una mayoría calificada de tres cuartas partes de los Congresos locales para aprobar contratación de deuda interna. Esta mayoría es para evitar- o al menos atenuar- que un Congreso con partido dominante pueda legislar de facto sin considerar la representación de las oposiciones que, se supone, deberían jugar el papel de contrapesos internos. El perfil de l@s legislador@s (bajos niveles educativos, ausencia de compromiso con el electorado al que no le debe llegar al cargo, etc.) es caldo de cultivo para que crezca el germen de la corrupción como regla, salvo, como todo en la vida, honrosas excepciones, que son sólo eso: excepciones.

Cuarta. Es conveniente reformar las leyes de responsabilidad administrativa para crear nuevas causales de responsabilidad relacionadas con la aprobación, gestión, omisión y/o propuesta de contratación de deuda, lo que eventualmente podría generar algún disuasivo para la comisión de estas prácticas que no están expresamente reguladas en la ley. Es evidente que con lo anterior no se va a terminar los actos de corrupción. No soy ingenuo. Estoy convencido, sin embargo, que lo peor que puede pasar es no hacer nada y aceptar que la ausencia de rendición de cuentas es un destino fatal para los mexicanos.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en Vanguardia, el 22 de agosto de 2011