¿Deben coincidir las elecciones federales con las locales en México?

Publicado el 31 de julio de 2013 Alfonso Guillén Vicente Profesor-Investigador del Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) aguivic@cpyap.zzn.com aguillenvic@gmail.com

Desde la óptica de aquellas y aquellos intelectuales que estuvieron al frente de las instituciones electorales mexicanas en la transición democrática se destacó la idea de que era necesaria, después de la elección presidencial de 2006,  la homologación de los comicios federales y locales en México como uno de los pasos obligados para el avance del país. Uno de los saldos de la elección federal de 2012 parece contradecir esta idea pues algunos de los más serios cuestionamientos al libre ejercicio del voto se dieron en aquellas regiones donde también se celebraron elecciones locales..Y esto nos lleva al asunto de que no bastan, por si solas, las decisiones tomadas desde el Centro si no se alteran los equilibrios políticos en estados y municipios, por el simple hecho de que México es una república federal, de fondo y de forma.

Entre los argumentos para apoyar el proceso de homologación aparecieron, desde luego, los elevados costos de las elecciones y los constantes llamados a las urnas, lo que para Jacqueline Peschard “desgasta la capacidad de convocatoria de los partidos y las líneas de comunicación entre ellos y los ciudadanos”¹. La destacada politóloga destaca que el hecho de que el esquema de organización electoral  en nuestro país estuviera fuertemente descentralizado proviene de la adopción del régimen federal desde los albores de la Independencia, continuado después de la gesta revolucionaria. Pero se da a entender que dicha plataforma para la celebración de los comicios  fue una carga derivada del Federalismo, y no una de sus condiciones distintivas. En consecuencia,  se propone, para liberarse de ella,  la búsqueda de la concurrencia de los comicios federales y locales, sin plantearse  también las medidas que tendrían que tomarse con el ejercicio de la democracia en los estados de la Federación. A lo mejor porque eso sería tema de otro debate más amplio sobre el Federalismo mexicano, y una posible Reforma Constitucional que afectara directamente al Contrato Social que dio origen a la República.

Desde nuestro punto de vista, dicha homologación no toma en cuenta la compleja naturaleza del Pacto Federal en México, continuado después de la Revolución por una alianza de los poderes locales que, a cambio de su apoyo a la continuación del régimen político a nivel nacional en la elección federal, fortalecieron sus esferas de influencia en las distintas entidades federativas con la imposición de candidatos a cargos de elección popular en los comicios locales. Desde nuestra óptica, fue un valor entendido que se estableciera una separación tajante entre los dos tipos de elección, y que la relativa tranquilidad de la federal se podía desarrollar, en el mejor de los casos,  a costa de no tocar todo lo que tuviera que ver con gubernaturas, diputaciones locales y alcaldías. Por lo menos en la veintena de entidades federativas que celebraban eventos electorales en fechas distintas a los comicios donde se disputaban la Presidencia, las senadurías y las curules de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Esta visión del federalismo, que está en la base de la conformación del México del Siglo XX no es asunto menor, ni puede alterarse únicamente desde el Centro. No podemos olvidar que los diputados  del Constituyente de 1917, a la hora de discutir el nombre del país, decidieron continuar con la denominación de Estados Unidos Mexicanos y no con la de México  (asunto de alguna manera refrendado en 2012 cuando alcanzamos a entender que los resultados de  las encuestas se oponían a la propuesta de Calderón en la materia). Tampoco, que en la conformación del régimen surgido de la lucha armada, el Partido Nacional Revolucionario, en su fundación era, para utilizar la definición de Rafael Segovia y Alejandra Lajous, “moderno, institucionalizador, inclusivo, no ideológico, federativo, con mucho de maquinaria electoral y muy poco de partido de masas… una invención destinada a adaptarse a la disposición real de las fuerzas políticas de la nación y a no enfrentarse directamente con ellas” ² Ellos mismos advierten que en la propia convocatoria para la conformación del PNR se estableció que “las agrupaciones políticas adheridas al comité organizador sólo podían examinar las credenciales expedidas convalidadas por el presidente municipal del lugar donde residiera la mesa directiva del partido (adherente)”³.

Si a la luz de la experiencia de las elecciones federales de 2012 y las locales de 2013 se mira que algunos de los principales obstáculos para la democracia mexicana radican en los comicios en  estados y municipios, el solo tránsito a la homologación total de las elecciones en nuestro país, sin revisar todo el entramado del federalismo mexicano,  únicamente traerá a la escena política, aunque por otros caminos, aquello que se ha querido corregir con la  concurrencia  de las jornadas electorales, a saber, la afectación de los trabajos de negociación entre los partidos políticos, la relación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.⁴

NOTAS:
1. Citada por Reyes Tépach M.. “La homologación de los calendarios electorales en las Entidades Federativas  de México en los términos de la reforma al Artículo 116 Constitucional”, Centro de Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados, LX Legislatura, noviembre de 2007.
2. Lorenzo Meyer, con la colaboración de Rafael Segovia y Alejandra Lajous, Historia de la Revolución Mexicana, 12, Periodo 1928-1934, Los inicios de la institucionalización. La política del Maximato..El Colegio de México, 1978, p.44.
3. Ibidem, p. 46.
4. Reyes Tépach, Op. Cit., pp. 6 y 7.