Desde su implantación en la reforma electoral de 2007, el modelo de comunicación político-electoral ha sido objeto de polémica. Sus detractores afirman que vulnera la libertad de expresión al prohibir la comunicación política a través de la libre contratación de spots electorales; quienes lo respaldan, por el contrario, sostienen que el modelo es compatible con aquellos sistemas democráticos que auspician la paridad de condiciones en la competencia política e impiden que el factor oneroso sea determinante en las posibilidades de triunfo de sus contendientes. Este trabajo ofrece argumentos para afirmar que el nuevo modelo no vulnera la libertad de expresión, sino que la modula en concordancia con el principio constitucional de equidad; no obstante, se detiene a analizar aquellas deficiencias institucionales que no favorecen la fluidez de la comunicación en el espacio político-electoral, y que dificultan la circulación de una mayor riqueza de contenidos y una información de mayor calidad, elementos indispensables para la emisión de un voto consciente y razonado.